Ecorys analiza la aplicación de la ley de ayudas estatales de la UE en los tribunales nacionales

En 2015, la Comisión Europea adoptó el Reglamento de procedimiento, que codifica reglas detalladas con respecto a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. En el contexto de la aplicación pública y privada de la legislación sobre ayudas estatales, se espera que los tribunales nacionales cooperen activamente con las instituciones de la UE. En particular, los tribunales nacionales pueden plantear una cuestión prejudicial al TJUE en relación con la interpretación de las condiciones mencionadas en el art. 107(1) TFUE y la aplicación de cualquier aspecto del acervo de la UE en materia de ayudas estatales. En segundo lugar, los tribunales nacionales pueden solicitar una opinión o información de la Comisión de la UE sobre un caso pendiente o un caso recientemente decidido. Finalmente, la Comisión de la UE puede intervenir de oficio en procedimientos judiciales nacionales a través de presentaciones amicus curiae.

Ecorys, junto con sus socios Spark Legal Network, el Instituto Universitario Europeo y Caselex, recibieron de la Comisión Europea – DG Competencia un estudio sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y las decisiones de los tribunales nacionales. El objetivo del estudio es evaluar cómo se aplican estas nuevas normas sobre ayudas estatales establecidas en el Reglamento de procedimiento en los diferentes tribunales nacionales de los Estados miembros de la UE-28. Para cada uno de los Estados miembros se recogerá, resumirá y analizará la jurisprudencia pertinente.

Ecorys llevará a cabo una investigación entre los tribunales nacionales para recopilar conocimientos sobre su uso y opiniones sobre las herramientas de cooperación previstas en el artículo 29 del Reglamento de Procedimiento. El artículo 29 menciona tres herramientas de cooperación, más concretamente; Solicitud de información, Solicitud de opinión y Amicus curiae. Cada una de estas herramientas se relaciona con el intercambio de información entre un tribunal nacional y la Comisión o con la solicitud o recepción de una opinión de la Comisión sobre cómo deben aplicarse las normas de ayuda estatal de la UE.

El estudio comenzará a finales de julio de 2018. Se esperan resultados finales para junio de 2019.